Hace pocos años que en China se aprobó la pena de muerte para políticos corruptos, y desde entonces se han realizado ejecuciones públicas contra quienes decidieron hacerse ricos con el pueblo.
En 2016, el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado instauraron la pena de muerte a líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los ¡463 mil dólares!
Esta ley entró en vigor desde que se publicó, y para aprobarla se hizo una revisión del Código Penal de 2015, en donde no se estipulaban las cantidades exactas para justificar o no su aplicación.
Si el acusado confiesa el crimen o devuelve el dinero que se obtuvo por la malversación, la pena capital se suspende por dos años, y en los hechos, se aplica la cadena perpetua, que es la condena habitual para los casos de corrupción en el país.
En el 2017, diez personas fueron ejecutadas por las autoridades chinas en la provincia de Cantón, al sur del país, tras ser juzgados públicamente y sentenciados a muerte por narcotráfico.
Dos tribunales populares de Cantón, el de Lufeng y el de Shanwei, se encargaron del proceso y condenaron a muerte a diez de los doce procesados que fueron ejecutados inmediatamente después de la sentencia.
La gota derramada 