A lo largo del tiempo, se han escuchado casos sobre matrimonio infantil en países ubicados al otro lado del mundo −como Bangadlesh, Chad o Níger−, atribuyendo a esta problemática como algo lejano e imposible de suceder en nuestro entorno. Debido a lo poco que se habla del matrimonio forzado, los casos en Latinoamérica y el Caribe han sido silenciados y rara vez expuestos porque, desgraciadamente, la violación a los derechos de los niños sigue siendo tema tabú.
Durante la pandemia y debido al confinamiento, la UNICEF estimó que en la última década habrá más de 10 millones de casos de matrimonios forzados a nivel mundial. Tan sólo en América Latina y el Caribe, sabemos que:
- Cada minuto, 28 niñas ingresan a matrimonios forzados
- El 86% de mujeres dominicanas menores a 18 años contrajeron matrimonio y 24% lo hicieron antes de los 15 años
- En Colombia el 23% de las mujeres menores de edad se encuentran en un matrimonio o en unión
- Mientras tanto, en México se registraron 421 mil casos, ocupando el octavo lugar en todo el mundo.
Causas de los matrimonios forzados
Pero no podemos basar este problema sólo en cifras. Las razones por las que el matrimonio forzado aún persiste en nuestros países es por la violencia, la pobreza, contextos de desigualdad de género, embarazos adolescentes, abandono escolar y marcos legales inadecuados. Tan sólo en este último punto, podemos hablar de países en los que aún no se ha penalizado dicho acto o, lo que es peor, sólo se permite en ciertos casos:
Propuestas para erradicar esta problemática
En 2022, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de México planteó un plan de acción para trabajar en diferentes necesidades como:
- Escuchar la opinión de las niñas y las adolescentes que enfrentan esta problemática y, con base en lo que sienten y piensan, formular nuevas acciones.
- Impulsar la unificación de los códigos penales sobre la violencia sexual en contra de las niñas y las adolescentes, y la revisión de las normas que puedan ser discriminatorias hacia ellas.
- Trabajar con autoridades comunitarias indígenas para que la información se les proporcione en sus lenguas; y propiciar la creación de espacios de participación para lograr una perspectiva más abierta en educación sexual.
Por su parte, en Colombia se propuso modificar el código penal para que estos actos tuvieran una pena mayor. En esta iniciativa se estipula que “el que con intimidación grave o violencia coaccione a otra persona a contraer matrimonio incurrirá en pena de prisión de 24 a 48 meses y multa de 800 a 1.500 salario mínimos mensuales legales vigentes» y si la víctima es menor a 14 años entonces el castigo será mayor.
Aún queda un largo camino para disminuir los casos de matrimonios infantiles. Una forma de contribuir en la erradicación de estas prácticas es con la divulgación de información, hablar sobre la violencia, la sexualidad, la pobreza y la desigualdad con los más pequeños.
La gota derramada 