En las últimas semanas, circuló en redes sociales una tabla con datos oficiales que muestra los casos más alarmantes de nacimientos registrados en México durante 2024, donde las madres son niñas de entre 10 a 12 años de edad. Esta lista, construida a partir de datos dados por la Secretaría de Salud, expone una realidad preocupante como lo es el embarazo infantil, lo cual no es un hecho aislado sino un reflejo constante de la violencia sexual que enfrentan las niñas y adolescentes en el país.
La tabla, compartida por una analista de datos, revela 30 casos extremos en los que menores de edad se convirtieron en madres. Lo más perturbador de esta recopilación no es solo la corta edad de las madres, sino la edad de los padres: hombres de entre 30 y 65 años. En particular, un caso ha generado indignación nacional, en el que una niña de 12 años dio a luz, en el Estado de México, con un hombre de 65 años registrado como padre del recién nacido. Estos registros no solo reflejan una grave violación de derechos, sino también un sistema que, al no impedir estos embarazos, permite la impunidad.
Las entidades con mayor número de estos casos son Puebla y Chiapas, con cinco nacimientos cada una, seguidas por Veracruz con cuatro, y otras como Guerrero, Chihuahua, Colima, Nuevo León y Estado de México, con al menos dos casos documentados cada una. Chiapas, específicamente, ha reportado cuatro nacimientos en niñas, de entre 10 y 12 años, tan solo en lo que va del año, lo que deja en evidencia un patrón de violencia y desprotección.
Según estadísticas recientes del INEGI, en 2023 se registraron 108 embarazos en niñas menores de 10 años, 155 en niñas de 11 años, 254 en niñas de 12 y más de mil en menores de 13. En total, los nacimientos en adolescentes de 10 a 19 años ascendieron a más de 130 mil. Aunque las cifras varían dependiendo de la fuente, todos los datos coinciden en una cosa: los embarazos en niñas pequeñas siguen ocurriendo a un ritmo alarmante en el país.
Detrás de estos números hay historias de abuso, manipulación, negligencia institucional y violencia estructural. La mayoría de estos embarazos no son el resultado de relaciones consensuadas, sino de abusos que siguen ocurriendo en contextos donde las víctimas no tienen la capacidad legal, emocional ni física para otorgar consentimiento. En muchos de estos casos, el agresor es parte del círculo cercano de la víctima: familiares, conocidos o figuras de autoridad que se aprovechan de su vulnerabilidad y del silencio social que rodea a estas situaciones.
Este fenómeno también está vinculado con factores culturales, como la normalización de uniones tempranas o forzadas, especialmente en comunidades rurales o indígenas. En muchas de estas regiones, las niñas son vistas como adultas desde temprana edad, a partir de su primer periodo, y sus derechos como menores son ignorados o minimizados. Además, la falta de educación sexual integral, la pobreza, la ausencia de mecanismos de denuncia efectivos y la impunidad permiten que ciclos como este se repitan generación tras generación.
Asimismo, muchas de estas niñas tampoco serán capaces de salir del ciclo, pues son obligadas a abandonar la escuela, lo que limita sus oportunidades futuras, refuerza su dependencia económica y perpetúa el contexto de pobreza en el que viven.
El embarazo infantil no puede seguir viéndose como se ha hecho hasta ahora. Es una forma de violencia de género que refleja las fallas de un sistema que ha dejado de proteger a las más vulnerables. La lista es solo una muestra de lo que sucede cada día en muchos rincones del país.
Fuentes:
La gota derramada 