Desde octubre, el sector agrícola del país se ha movilizado bajo el llamado al paro nacional convocado por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), con el objetivo de exigir precios justos para el maíz y otros granos básicos. La decisión de los agricultores responde a una profunda crisis del campo, marcada por el aumento de los costos de producción y la insuficiencia de los apoyos gubernamentales.
Productores de al menos 10 estados del país realizaron cierres de carreteras, bloqueos en vías federales y estatales, así como liberaciones de casetas de peaje. En entidades como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Baja California, las movilizaciones se llevaron a cabo con vehículos de transporte y carga pesada. Uno de los puntos más relevantes se registró en Guanajuato, donde los agricultores tomaron los accesos a las autopistas en León.
¿Qué necesita el campo mexicano?
Las principales demandas de los campesinos están centradas en:
- Pago justo y establecimiento de un precio mínimo de garantía para la tonelada de maíz, ya que aseguran que el precio actual está muy debajo de los costos de producción.
- Otorgamiento de subsidios y apoyos complementarios que garanticen la viabilidad de la actividad agrícola.
- Revisión de los efectos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en torno a los granos básicos, con el fin de proteger la producción nacional.
Este impacto social y económico del movimiento es significativo. En el plano social, ha visibilizado el descontento de miles de familias agrícolas que, durante años, han visto su margen de ganancia reducido, al grado de volver poco rentable la actividad agrícola. En distintas entidades, los productores han manifestado que ya no pueden sostener su trabajo sin una atención urgente a los costos de producción.
En el ámbito económico, los bloqueos en carreteras, autopistas y casetas de peaje generan interrupciones en el flujo de transporte de mercancías y granos, lo que puede encarecer la logística y afectar el abasto de productos agrícolas. Además, la petición de fijar precios más altos para el maíz implica un mayor costo para el sector público o para los compradores industriales, abriendo el debate sobre cómo equilibrar un precio justo para los productores con el mantenimiento de cadenas de suministro accesibles.
Fuentes:
La gota derramada 