El asesinato del alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025 durante la inauguración del tradicional «Festival de las Velas», volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis de violencia política en México. Manzo, electo como alcalde independiente en septiembre de 2024, había denunciado amenazas tras hacer públicas sus acusaciones sobre el control del crimen organizado en su municipio.
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos 10 alcaldes han sido asesinados de México. Además, en 2005 se han registrado al menos 56 homicidios de actores políticos, de los cuales siete corresponden a presidentes municipales, incluido el caso de Manzo.
Las implicaciones políticas de estos crímenes son profundas. Manzo, un alcalde con respaldo popular y crítico de la estrategia federal de seguridad, fue ejecutado en plena vía pública durante una celebración masiva, lo que envía un mensaje directo de vulnerabilidad e impunidad. A nivel social, su asesinato provocó indignación y protestas masivas en Michoacán, donde ciudadanos marcharon y exigieron justicia, evidenciando la creciente desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar seguridad.
En términos de seguridad, el caso revela la fragilidad del Estado frente al poder del crimen organizado, capaz de seleccionar el objetivo, el momento y el lugar de su ataque, evidenciando la posible colusión, complicidad o, al menos, la incapacidad de las autoridades para prevenir este tipo de crímenes.
Este crimen evidencia de manera contundente la penetración del crimen organizado en los estados. Zonas como Uruapan son estratégicas para negocios como el aguacate, el limón y otras actividades productivas, lo que convierte al municipio en un territorio codiciado por grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Que el alcalde hubiera denunciado públicamente la presencia de armas de uso exclusivo del Ejército en manos de criminales y solicitado protección especial, y aun así fuera asesinado, demuestra que estos grupos no solo actúan al margen del Estado, sino también dentro de espacios donde este debería ejercer autoridad plena.
Si el país no logra reconstruir la capacidad del Estado para garantizar que ejercer el gobierno no implique ser blanco de ataques, la democracia local estará en riesgo y los espacios de participación ciudadana se convertirán en territorios de violencia. En Uruapan y otros municipios, no bastan las condenas públicas: se necesita una estrategia integral que rompa los vínculos entre el poder político, los negocios ilícitos y territorios gobernados por el miedo.
Fuentes:
https://animalpolitico.com/seguridad/registran-56-asesinatos-actores-politicos-2025-alcaldes-carlos-manzohttps://www.eleconomista.com.mx/politica/10-alcaldes-presidentes-municipales-han-sido-asesinados-sexenio-20251103-784802.html
La gota derramada 